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La Gobernanza: opción contra la corrupción en México

Se podrá engañar a todo el mundo algún tiempo,

Se podrá engañar a algunos todo el tiempo,

Pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo.

Abraham Lincoln. 

Si de veras se pretende controlar la corrupción en el sistema político-administrativo de México, precisa cambiar el modelo estrictamente sancionatorio que parece obsesionar al mundo y por supuesto a nuestro país, toda vez que hay elementos inmersos en el comportamiento psicosocial y político que sobrepasan el alcance de la Ley.

Pensemos en la impunidad, alberca de la corrupción: ¿de qué se nutre? Entre otras cosas, de la mentira y la simulación; del engaño y la demagogia; además por causa de la elusión o evasión de las normas, al aprovechar resquicios de las propias normas. El caso es que las conductas lesivas al interés general, o no se castigan, o cuando la pena llega es laxa y hasta tardía.

Contrario a lo que se piensa, no satisface a la población sancionar selectivamente, señalar culpables cada sexenio, sean de cualquier partido o sector social, porque a pesar de estos procesos presumiblemente “ejemplares”, persisten prácticas degradantes que alteran nuestra convivencia y conducen al desencanto, la desconfianza y francamente a la incredulidad.

En la mentira y simulación se fragua la ilegalidad, que provoca la inestabilidad política, económica y social, incrementa la incertidumbre y frena las posibilidades de justicia en todos sus aspectos; en el engaño y la demagogia, se anida la búsqueda del acceso al y la permanencia en el poder por el poder mismo; la elusión o evasión de las obligaciones de Ley socavan los recursos públicos y la impartición de la justicia. Un aparato público así concebido, indefectiblemente será ineficiente, ineficaz, dispendioso y abusivo de la autoridad; ello lo ubica como blanco fácil de la crítica y el desprestigio, de manera que el resto de la sociedad, al identificarlo como el único omnipotente –nuestro sistema presidencialista–, lo convierte en su villano favorito, así se deslinda de la responsabilidad que pudiese tener en el deterioro.

Con distintos matices en el mundo, la organización del poder tiene un objetivo: la concentración de las capacidades de tomar y ejecutar las decisiones fundamentales mediante la selectividad/exclusión (desde hace casi un siglo, Gaetano Mosca ya advertía que “una minoría organizada siempre dominará a una mayoría desorganizada”), también se construye una regulación a modo para aquellos intereses que impliquen generación y acumulación de riqueza.

No resulta extraña la preocupación de sostener un statu quo orientado a garantizar los privilegios y todo lo que de ellos se deriva; aunque tal situación se someta a frecuentes adaptaciones a la evolución del cambiante entorno tecnológico, demográfico, ecológico y de participación social cada día más aguda por parte de distintos grupos estructurados alrededor de nuevas demandas de inclusión y bienestar, como acontece en la actual circunstancia nacional.

Todo gobierno tiene la necesidad de propiciar y mantener el orden público, si se inclina por la corrupción fracasa en el intento; si opta por prestar un servicio público responsable, profesional, transparente, con cuentas claras y espesas, y naturalmente aplicando con firmeza las sanciones conducentes para todos, públicos, sociales y privados, tendrá la oportunidad de aspirar a un mejor destino para los gobernados.

En una sociedad como la mexicana, tan desigual y socialmente injusta, el Estado tiene la oportunidad histórica de cambiar el paradigma de atribuir sólo a las sanciones la vía de abatimiento de la corrupción. Debe comenzar por reestructurar al gobierno que lo representa en sus tres poderes y ámbitos, asumiendo que la ética pública es un discurso que cobra consistencia cuando se transforma en apego al orden jurídico y la responsabilidad mediante el diálogo, el consenso y la solidaridad social. De otra suerte seguirá regodeándose en la demagogia, creando leyes y costosas estructuras como distractores del fondo del asunto, esto es, desarrollar una nueva cultura político-administrativa.

Movernos hacia la Gobernanza, implica salir del sistema de gobierno de responsabilidad única, para entrar al de responsabilidad compartida, donde cada actor asume su tarea y la cumple a favor de todos: partidos políticos, opinión pública, gobernantes y servidores públicos, inversionistas, empleadores, trabajadores, la academia, la sociedad organizada y cada ciudadano en lo particular.  Todos capaces de hacerse oír y plantear sus necesidades y demandas, dispuestos a colaborar para abrir espacios a la Gobernabilidad, es decir, articular propósitos diversos en un Estado de Derecho expresamente diseñado a favor de la convivencia entre el individuo y la comunidad, y de ambos con el gobierno, mediante la distribución de responsabilidades reguladas en su legitimidad y legalidad.

La Gobernanza es un freno a la demagogia y, por ende, una opción a nuestro alcance para cerrar posibilidades a la corrupción.

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José R. Castelazo

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, UNAM; Maestro en Gobierno, Universidad de Manchester; Diplomado en Liderazgo para el Cambio, Universidad de Harvard; Doctor en Derecho, UNAM. Profesor universitario en instituciones nacionales e internacionales. Articulista en publicaciones especializadas. Autor de trece libros, y coautor de cuatro más, entre los que están: “Administración Pública: Una visión de Estado”; “La Administración Pública en los Informes Presidenciales”; “Moving beyond the crisis: reclaiming and reaffirming our common administrative space”; “Democratic Governance, Public Administration and Poverty Alleviation”; “La Empresa Pública en México y América Latina: entre el Mercado y el Estado” y "Ejes Constitucionales de la Administración Pública en México”. Director General en áreas administrativas del Gobierno Federal. Delegado Político en Iztacalco, Diputado Federal, Embajador de México en Costa Rica. Presidente de organizaciones profesionales, la más reciente del Instituto Nacional de Administración Pública de México. Vicepresidente para América Latina del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas; Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Escuelas e Institutos de Administración Pública; Fundador y Coordinador del Grupo Latinoamericano por la Administración Pública. Sucesivamente: Integrante, Vicepresidente y en este momento Presidente del Comité de Expertos en Administración Pública de la ONU. Actualmente preside la Consultoría “Sociedad y Gobierno”.

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